Un grupo de delegados se niega a abandonar el lugar; el fiscal volvió a pedir el accionar de la fuerza pública
Algunos ocupantes endurecieron su postura y no quieren salir del predio. Foto: Télam
En medio de las negociaciones entre los delegados y el juez que entiende en la causa, comenzó esta mañana el censo en la toma del predio en Villa Lugano, que ya lleva casi tres días. Algunos de los ocupantes decidieron abandonar el lugar, pero muchos se niegan a irse y, de a poco, crece la tensión de cara a un posible desalojo por a fuerza.
Esa situación podría darse esta tarde. El fiscal de cámara Gabriel Unrein explicó esta mañana que el juez extendió el plazo para abandonar el predio hasta las 11.45. Luego de eso, las autoridades se retirarán del lugar y darán por "incumplido" el acuerdo.
La fiscalía reiterará el pedido de desalojo y quedará en manos del juez penal y contravencional de la Ciudad Gabriel Vega la decisión de ordenar el inmediato desalojo o llamar a una nueva mediación.
A partir de las 8:55 comenzaron a salir los primeros ocupantes del predio tomado el martes último, informó la agencia Télam. Tras ser censados por agentes de la Policía Metopolitana y de la Defensoría General de la Ciudad e incluidos en un listado para el futuro plan de viviendas acordado con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, los ocupantes, en su mayoría mujeres y niños, se retiraban en forma pacífica.
Sin embargo, los que abandonaron el predio son pocos en relación con los que permanecen allí y endurecieron su postura. "La gente ya está construyendo algunas viviendas precarias. La propuesta del juez no fue aceptada. No hubo ningún acuerdo, sólo hubo propuestas", expresó ante los medios Emanuel Díaz, uno de los referentes. "Yo le comenté a la gente la propuesta que hizo el juez y la gente no la aceptó", remarcó Díaz.
EL CRUCE ENTRE EL JUEZ Y LOS DELEGADOS
Más tamprano, Vega había exhortado a los vecinos a desalojar los terrenos, tras garantizar la firma de certificados con la promesa oficial de atender el reclamo habitacional.
"Querían que yo venga acá. Querían una firma en un certificado. Estuve firmando como 500. Entonces les pido por favor cumplan ustedes con su parte. Porque no puede ser que una solución pacífica solo se logre a partir del esfuerzo unilateral de los funcionarios", expresó el funcionario.
SIN ACUERDO CON EL GOBIERNO PORTEÑO
En tanto, cerca del mediodía habló ante la prensa la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley, y reitero su intención de no acordar con los manifestantes, aunque se puso a disposición de lo que determine la Justicia.
"No hay posibilidad de que nosotros negociemos con gente que está usurpando, que está cometiendo un delito", sostuvo la funcionaria, y negó haber acordado planes de vivienda. "No hubo una promesa en ese dentido", subrayó, y evitó responder sobre los plazos de un eventual proceso de urbanización en la zona.
Consultada por la posibilidad de un desalojo, Stanley afirmó que "está todo a disposición de la Justicia. Es el juez el que va a decidir".
Por último, negó también la posibilidad de otorgar una suma de dinero a quienes reclaman una solución a la crisis habitacional. "Nosotros no damos subsidios a los usurpadores.Tenemos un montón de vías para que la gente se acerque y reciba atención", enfatizó.
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