Cuando dentro de apenas dos meses se cumplan cinco años de la sanción de la ley por la cual se completó la confiscación de Aerolíneas Argentinas (AA) por parte del Estado nacional, poco de bueno habrá para rescatar en el balance. Por el contrario, en manos estatales, la aerolínea de bandera no ha hecho más que perder siderales sumas de dinero, aun a pesar de los constantes subsidios y ventajas de todo tipo y, como acaba de ocurrir, de una abultada condonación de su deuda con la AFIP.
Si bien es cierto que ese perdón por casi 49 millones de pesos como consecuencia del polémico perdón tributario que el Gobierno le otorgó -basado en el artículo 72 de la ley de presupuesto- podría ayudar a reducir el déficit operativo de la aerolínea, nada implica que sus servicios dejarán de ser prestados en forma deficiente. Tampoco, que vaya a permitir la competencia con otras operadoras en destinos donde su presencia resulta monopólica -hoy, abusando de esa posición dominante, impone precios que resultan onerosos para el pasajero-, ni que dejará de recibir nuevos subsidios o perdones a los que casi ninguna otra empresa puede acceder, entre otras muchas canonjías.
Prueba acabada de esa defectuosa prestación ha ocurrido hace apenas horas, cuando más de 10.000 pasajeros resultaron varados por una falla técnica que impidió los check-in. Por esos enormes contratiempos, la empresa sólo deslindó responsabilidades en otros.
La información oficial sobre este coto de poder de La Cámpora, manejado por Mariano Recalde -sucedió en el cargo al actual ministro de Justicia, Julio Alak, protagonista de otra no menos deficiente gestión al frente de la empresa-, es insuficiente e interesada. Entre otros privilegios ilegales, se sabe que el directorio de la compañía no ha presentado balances anuales en 2009, 2010, 2011 y 2012. Oficialmente, no se conoce en qué rutas pierde dinero o si las pérdidas son evitables. Mientras Recalde habla de transparencia, no se sabe si en el sistema de cabotaje argentino las rutas no rentables son tales.
Según los últimos datos conocidos en sendas investigaciones periodísticas publicadas por LA NACION, la empresa estatal pierde 10,9 millones de pesos por día y, desde que en julio de 2008 el Gobierno la reestatizó de hecho, las pérdidas fueron de 3324 millones de dólares, más que los 3230 millones acumulados entre 1991 y 2008.
Como si ello no fuera elocuente, el presupuesto asignado a la totalidad de los programas de prevención de inundaciones urbanas en el país, entre 2007 y 2012, pasó de casi 900 millones de pesos a poco más de 400 millones a precios del año último. Sin embargo, en el mismo período, los subsidios otorgados a AA treparon de un millón de pesos a unos 4100 millones. Es decir, el Estado otorgó diez veces más subsidios a AA que a los programas para prevenir, mitigar o evitar inundaciones. Ciertamente, no pareciera que Aerolíneas sea el "modelo de desarrollo productivo con inclusión social", del que tanto se jacta nuestra Presidenta.
Por otro lado, si el argumento de la reestatización era mantener conectada a la Argentina, la tan mentada conectividad queda en un nuevo relato, ya que, salvo Termas de Río Hondo, no se agregó ningún destino a la red de vuelos domésticos. Es más, en mayo pasado nuestra empresa de bandera programaba a Viedma o Santa Rosa entre tres y cuatro vuelos semanales, los mismos que hace cinco años, mientras que a Miami hubo dos vuelos diarios, el doble que cuando la empezó a gestionar el Gobierno.
En relación con los mercados internacionales, de 2008 a hoy hubo un aumento sustancial en las rutas al exterior, pero manteniendo la misma participación de Aerolíneas en la torta de pasajeros que salen o llegan al país. Los aviones de largo recorrido de AA tienen en promedio 18 años de antigüedad, aunque son promocionados como "nuevos", lo que, junto con el servicio prestado que obliga a rebajar sus tarifas, hace que varios destinos internacionales no recauden siquiera el costo de combustible que utilizan. Es así como cuanto más vuela AA, más pierde, sobre todo, al exterior.
Datos del último trimestre de 2012 indican que cada pasajero que vuela por Aerolíneas a destinos de América como Miami o Cancún le cuesta al Estado casi 2200 pesos (1100 por tramo). Los que van a Europa, alrededor de $ 3400. Pero el dato en que queda más expuesto el desmanejo de los fondos públicos es la ruta a Oceanía.
Hace un año, se decidió levantar la escala a Auckland y volar directo a Sydney, pero el Gobierno chocó con una realidad operativa que no supo o no quiso ver. Aerolíneas no tiene aviones que puedan llegar directo a Sydney por lo que o hacen una escala imprevista o salen con menos pasajeros que los que puede llevar el avión, para que pese menos y, por ende, consuma menos combustible. Resultado: la pérdida por pasajero rondaría los 5000 pesos. Cabe entonces hacerse una pregunta que, por cierto, no es la única: "¿Es necesario que todo ciudadano argentino, por ejemplo uno de La Plata, pague su porción de lo que le cuesta a Aerolíneas llevar un pasajero a Cancún o Miami?".
Donde menos dinero pierde es en el cabotaje, porque puede "defenderse" de la competencia prohibiendo su crecimiento y hostigándola de mil maneras. Un caso claro es lo que ha venido sucediendo con LAN. Sus pasajeros no sólo han sufrido demoras en la carga y descarga de equipajes, sino que tampoco suelen disponer de la seguridad, comodidad y celeridad del servicio de mangas. A tal punto ha llegado ese embate que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) -que pareciera manejada desde AA- le ha prohibido traer más aviones, es decir, le impide invertir, competir y generar más puestos de trabajo en nuestro país.
Hoy sólo se aprueban nuevas rutas con la conformidad de AA, la que, además de su propia empresa de handling, maneja Intercargo, prestador monopólico del servicio de rampa. Es de destacar también que los aviones que se anunció que llegarán para ampliar la flota de la línea de bandera -airbus 330- tienen entre 13 y 14 años de antigüedad.
Según el Gobierno, Aerolíneas pierde porque vuela a todos los destinos, incluidos los poco rentables. Sin embargo, sus rutas más complicadas son las internacionales, mientras que, en el mercado doméstico, el problema radica donde tiene competencia, pues cuando vuela sola o casi sin competidores, le va mejor, como ya se dijo, a expensas de un monopolio que ahuyenta, proscribe y compite deslealmente con las otras líneas aéreas.
Nuevamente, el Gobierno nos pone frente a otro "relato" tan poco consistente como risueño si no fuera porque de su ineficacia de gestión se perjudica a todos los ciudadanos, vuelen o no, que solventan la línea aérea con su propio dinero. Otra muestra elocuente del rotundo fracaso del "modelo".
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